La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones publicó los órdenes de mérito definitivos del concurso público realizado para seleccionar a aspirantes a desempeñarse como meritorios en el Área Jurisdiccional (Programa 920); y en la Dirección General de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal, donde cumplirán funciones de sumariantes en las Unidades Judiciales (Programa 921) en sedes judiciales de toda la provincia. Las nóminas incluyen en total a 1.085 estudiantes de Abogacía que aprobaron el proceso de selección. Los listados fueron confeccionados conforme a las pautas fijadas en el acuerdo de convocatoria número 197, emitido por el Tribunal Superior de Justicia. El 70.1% de los aspirantes son mujeres, el 29.7% son hombres y el restante 0.2% son personas no binarias.
Este acto pone fin a un proceso iniciado en marzo de 2023, cuando se inscribieron digitalmente 3.363 postulantes, de los cuales 2.096 fueron admitidos porque cumplían con los requisitos exigidos y, finalmente, 1.677 se presentaron a la prueba de oposición escrita el 5 de agosto, que fue aprobada por 1.085 aspirantes.
El proceso de digitalización, codificación y corrección de los exámenes se realizó mediante el software Remark Office que reduce costos y plazos de los procesos de convocatoria garantizando el anonimato de los concursantes como así también la seguridad y la inmutabilidad de los datos consignados. Todo ello, en el marco del Programa de Mejora Continua del Sistema de Concursos del Poder Judicial que inició en el 2016.
El resultado de las encuestas referidas al día de examen, revela la opinión positiva de la mayoría de los concursantes en relación al examen propiamente dicho y a la organización general del mismo.
Así, el régimen de ingreso por concurso público de cargos, establecido desde hace 26 años en el Poder Judicial de Córdoba, ha permitido un procedimiento para la designación de empleados que garantiza la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad, siendo este mecanismo institucional un elemento diferenciador de este Poder Judicial en relación a otras instituciones estatales, considerado un patrón modelo a imitar por otros Poderes Judiciales y organismos públicos.