En horas de la mañana, se puso en marcha en la Cámara del Crimen de Villa María un juicio con jurado popular para determinar la responsabilidad de ocho personas acusadas de integrar una banda que robaba y vendía autos de alta gama.
El caso, que ya tuvo un primer juicio con condenas a los principales responsables, ahora se enfoca en imputados que habían solicitado una suspensión del juicio a prueba, recurso que fue finalmente rechazado.
Según datos recolectados por la periodista Patricia Gatti, la banda presuntamente operaba de manera violenta: robaban vehículos en la ciudad de Córdoba —en algunos casos utilizando armas de fuego— y luego los “enfriaban” por un tiempo para eludir controles, hasta trasladarlos hacia Oliva o Oncativo. Contaban con la supuesta complicidad de policías, quienes facilitaban el paso por rutas sin ser detenidos y colaboraban con la obtención de documentación para revender los vehículos.
Entre los acusados hay varios efectivos policiales, algunos ya retirados y otros aún en funciones. Uno de ellos es Claudio González, imputado por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que habría adquirido vehículos sabiendo que eran robados. También está implicado Claudio Martínez, quien además de ser acusado por incumplimiento de deberes enfrenta una imputación por tentativa de extorsión.
En la misma situación se encuentra Mariano Santillán, actualmente activo en la localidad de Manfredi, acusado de encubrimiento e incumplimiento de deberes. Otro de los imputados es Jorge Esteban Suárez, abogado y ex policía oriundo de Laguna Larga y radicado en Pilar, acusado por incumplimiento de deberes y tentativa de extorsión en un hecho derivado del caso principal.
Un caso llamativo es el del tarotista Mario Luis Sagulo, también acusado de tentativa de extorsión. Según la acusación, junto a Suárez y Martínez, acudieron en 2016 a una fábrica en Oncativo donde trabajaba un comprador de un Renault Cruze robado. Allí le habrían exigido $80.000 para “olvidarse del tema”. El hombre se negó a pagar y ofreció devolver el auto. Aunque no se concretó el cobro, la maniobra fue considerada tentativa de extorsión.
Sagulo es el único de los acusados que está actualmente detenido, aunque no por esta causa, sino por violencia de género. Antes de ser arrestado, ejercía como tarotista y tenía una intensa agenda laboral: atendía de lunes a sábados, al menos nueve consultas por día —presenciales y virtuales— cobrando $40.000 por sesión. Durante el juicio, negó haber participado en la extorsión y declaró que desconocía el motivo por el cual fue llevado al lugar, asegurando que nunca entendió de qué hablaban y que no tuvo ninguna intervención en los hechos.
El juicio está a cargo de un tribunal mixto, con la participación de la jueza de Control de Villa María, Soledad Dottori, y dos magistrados de la Cámara del Crimen de Río Tercero. El fiscal Francisco Márquez representa al Ministerio Público, y se espera que en las próximas horas comiencen los alegatos.
Este caso seguirá desarrollándose en los próximos días, con atención puesta en las definiciones judiciales sobre los implicados que ya confesaron su participación, y especialmente sobre la situación de Sagulo, único acusado que niega rotundamente los hechos.